Un informe publicado en octubre del año pasado por el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero reveló las irregularidades en el acuerdo entre LUMA Energy, la Autoridad de Alianzas Público Privadas y la AEE. Tomas Sanzillo, director de Finanzas de la IEEFA identificó en el informe las implicaciones del contrato que augura un aumento de las tarifas de electricidad, disminuye los beneficios de los trabajadores, promueve la expansión de los planes de gas natural que han demostrado ser un fracaso en el pasado y reduce el flujo de información pública por tratarse de una compañía privada. La evaluación, además detalla las irregularidades en el proceso de aprobación y la pobre supervisión del Negociado de Energía de Puerto Rico.
A ocho meses de haberse publicado este informe, con el contrato ya en vigor le toca a los abonados y a los trabajadores pagar las consecuencias de este nefasto contrato. Que hace entrega en bandeja de plata un servicio esencial como lo es el sistema eléctrico a una compañía privada sin prestar garantías al interés público. Cuyo único fin es enriquecerse de un sistema endeudado, que no tiene recursos para prestar un buen servicio y que carece de una infraestructura robusta que empeora con los embates de los fenómenos atmosféricos. LUMA Energy no vino a mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico de nuestro país, tampoco vino a invertir para el robustecimiento de su infraestructura, ni mucho menos tiene la intención de avanzar hacia un sistema completamente renovable como lo exige la ley energética de Puerto Rico. El contrato que le costaría sobre $70 millones anuales (cifra que aumentará hasta llegar a $105 millones) al gobierno que además debe encargarse de suplir los sueldos de los trabajadores; habilita a LUMA de toda autoridad para subcontratar a otras compañías haciendo uso de los fondos otorgados a la AEE, para aumentar la tarifa de la electricidad, modificar el plan energético y le otorga total libertad de abandonar la Isla en caso de no poder trabajar tras el paso de una tormenta o un huracán dejando al sistema inoperante en medio de una emergencia. Como si no fuera suficiente, tuvieron el atrevimiento de solicitar al NEPR un relevo de responsabilidad para eximirse de cualquier daño a causa de cualquier acto de negligencia o mala conducta intencional.
Independientemente del punto de vista que se tenga de la AEE y de grupos sindicales como la UTIER no hay forma de mirar con buenos ojos un contrato que de partida es poco favorable para nuestro país. Hemos visto como en los últimos días se ha intentado responsabilizar a los sindicatos y a los trabajadores de los defectos de la AEE para justificar la entrada de LUMA Energy. La prensa se ha encargado de manipular la opinión pública para facilitar la aceptación de atropellos como el contrato que acaba de entrar en vigor.
Cabe mencionar el origen de LUMA energy, una empresa cuya dueña es Quanta Services nativa de Houston, Texas e infame por su reputación en el resto del continente. Cuenta con más de dos docenas de compañías con diferentes nombres en cada país. Por igual se dedican al gas natural. LUMA es como el Amigo de la electricidad, detrás está el gigante de Walmart listo para commerce la isla. Es importante investigar siempre de donde provienen las compañías que operan en nuestra isla, sin importar el nombre, una búsqueda en el internet te dará un nombre y lugar de origen que te dice una historia.
Reconocemos que la Autoridad de Energía Eléctrica es un sistema con fallas que requiere de mejoras, cuya gerencia ha sido corrompida por el mal del nepotismo y la corrupción, que a través de las décadas ha sido mal administrada y llevada a la quiebra por su dependencia al petróleo. Sin embargo, bajo ninguna condición favorecemos que un consorcio norteamericano se apropie de un activo público para su propio beneficio y mucho menos que se le otorgue el poder de hacer y disponer de los fondos dirigidos al mejoramiento de un servicio esencial. En ninguna circunstancia favorecemos el atropello a los trabajadores que hoy pierden la mayoría de sus beneficios, sus años de experiencia adquiridos en la AEE, las protecciones laborales y mucho menos que se pongan en peligro sus pensiones por las que tanto trabajaron. El gobierno marioneta de la Junta de Control Fiscal ha permitido que esto se realice, dándole la espalda al pueblo y a los trabajadores abogando nuevamente por los grandes intereses.
La rama legislativa por su lado ha intentado lavarse las manos a último momento para eximirse de las consecuencias de este contrato, tratando de impulsar medidas para retrasar el avance de un acuerdo que ahora les resulta injusto cuando en años anteriores legislaron para abrirle las puertas con políticas neoliberales y sortear la suerte de nuestro sistema eléctrico. Mientras, el gobernador se hace de la vista larga y se rehúsa a modificar el contrato que prometió enmendar durante su campaña electoral. Hoy, paga el pueblo de Puerto Rico por la mala administración, la negligencia y el oportunismo de las administraciones que se encargaron de lucrarse de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para terminar entregándose a una empresa que responderá por las ganancias y no por las pérdidas.
-Cesar Cabral
Comments